Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición formada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump debido a la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y busca impugnar la decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de eliminar las regulaciones ambientales establecidas previamente.
La demanda argumenta que la EPA actuó de manera ilegal al revocar una conclusión científica emitida en 2009, la cual establecía formalmente que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Según los documentos presentados, esta acción de la administración Trump, ocurrida en febrero de 2026, contraviene el consenso científico existente sobre el impacto climático y sus riesgos sanitarios.
Los demandantes, que incluyen a gobiernos estatales y locales de diversas regiones del país, sostienen que la anulación de dichas conclusiones carece de fundamento válido y pone en riesgo las políticas de protección ambiental. La iniciativa legal se suma a una demanda anterior presentada por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado los cambios regulatorios implementados por la agencia federal.
El caso será examinado por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se espera que se analicen tanto los aspectos jurídicos como la base científica que motivó la regulación original de 2009. La convergencia de las acciones legales de entidades gubernamentales y organizaciones civiles marca un frente común contra la política ambiental de la actual administración.
Esta controversia legal ocurre en un contexto de tensión entre las autoridades federales y los gobiernos locales respecto a la gestión del cambio climático. Mientras la administración Trump ha procedido a desmantelar ciertas restricciones, los estados y ciudades afectadas buscan mediante el sistema judicial mantener las protecciones que consideran necesarias para la seguridad de sus habitantes y el medio ambiente.
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