Clausuran accesos a planta de amoniaco en Topolobampo; exigen cancelación definitiva

Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, perteneciente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció previamente que ocuparían el sitio “hasta tener resultados”. Los manifestantes lograron detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual presenta un avance del 88 por ciento, y advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, señaló Montaño.

El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014. El proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. Sin embargo, los opositores denuncian graves impactos ambientales: se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha comenzado a migrar en la bahía de Ohuira, sitio RAMSAR Santa María-Topolobampo-Ohuira.

Entre las preocupaciones técnicas se encuentra que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco, descargando el líquido a la bahía con una temperatura hasta tres grados superior a la original. Además, un informe de la propia empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, lo que impactaría a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán.

“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, declaró Felipe Montaño Valenzuela. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.

Ante la escalada del conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, la funcionaria afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales” y confirmó que la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso.

La protesta ha trascendido fronteras, pues ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.