Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un ‘parole’ o permiso especial de entrada a ese país. “Qué bueno que salió esta información que dice que una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”, afirmó la mandataria.
El DHS señaló oficialmente que “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no reciben el benefico de tal permiso”, respuesta obtenida tras una solicitud formal de información realizada por Radio Sonora. Sheinbaum advirtió que las críticas contra su gobierno continuarán y consideró que estos hechos son utilizados por sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y México con fines electorales de cara a los comicios de noviembre próximo en el país vecino y a la elección de 2027 en México. “Nada más que en México la situación es muy distinta a la de otros países. Aquí el gobierno tiene mucha fuerza con la gente”, agregó.
En medio de estas tensiones, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró el pasado 5 de junio que ambas naciones han logrado avances significativos en la lucha contra el fentanilo y las organizaciones criminales. El pronunciamiento se difundió a través de sus redes sociales desde Washington, donde Johnson asistió a un acto encabezado por Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
“Nuestros países han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para alcanzar esos resultados. Continuaremos nuestra estrecha colaboración para proteger la salud y la seguridad de nuestras naciones, al tiempo que garantizamos que los responsables rindan cuentas”, declaró Johnson. Sin embargo, el diplomático exhortó a evitar que la cooperación bilateral en materia de seguridad se utilizara con fines políticos, respondiendo así a declaraciones previas de la presidenta mexicana.
Previamente, Sheinbaum había acusado a una oficina del Departamento de Estado de intentar intervenir en asuntos internos del país bajo el argumento del combate al narcotráfico, tras conocerse que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Como resultado del clima de tensión, Sheinbaum informó que un encuentro previsto con Sara Carter sería pospuesto por motivos de agenda y pidió a Johnson respetar los asuntos internos de México.
La crisis en las relaciones entre ambos países en materia de narcotráfico remite a los años 1984-1986, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, destapó la protección de oficinas gubernamentales de alto nivel a traficantes en Guadalajara. En aquel entonces, capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y Rafael Caro Quintero aparecieron como responsables del secuestro del agente. La actual solicitud oficial de arresto con fines de extradición es contra Rocha Moya y sus cómplices, mientras existen revelaciones de Los Ángeles Times sobre otros dos mandatarios presuntamente involucrados.
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