Ottawa, 10 de junio de 2026.- El gobierno canadiense presentará un proyecto de ley denominado Ley de Seguridad Digital, con el objetivo de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. El ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller, declaró que esta iniciativa es una ‘prioridad’.
Al justificar la medida, Miller fue contundente: ‘Es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo’. La legislación propuesta contempla la creación de un nuevo regulador federal encargado de establecer estándares de seguridad para las plataformas digitales. Aquellas empresas que cumplan con dichos estándares podrían solicitar excepciones para admitir usuarios menores de 16 años.
El proyecto de ley también pretende abordar los riesgos asociados a los chatbots de inteligencia artificial. La iniciativa obligaría a las compañías tecnológicas a ser más transparentes sobre los criterios utilizados para alertar a las autoridades sobre usuarios que muestren intenciones de autolesionarse o dañar a otros. Esta disposición surge en parte tras la matanza ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, Columbia Británica, donde el atacante utilizó ChatGPT; las conversaciones fueron señaladas internamente por la empresa, pero no comunicadas a la Policía.
Frente a las críticas sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión, el ministro de Justicia, Sean Fraser, rechazó dichos argumentos. Por su parte, una encuesta del Instituto Angus Reid publicada en marzo reveló que el 75% de los canadienses apoya una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años, mientras que el 87% respalda vetar determinadas plataformas para este grupo de edad.
El mismo sondeo indicó que el 94% de los encuestados expresó preocupación tanto por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores como por los riesgos de adicción. Si es aprobada, Canadá se sumaría a países como Australia, que implantó una prohibición similar en diciembre de 2025. Otras naciones como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovenia, Turquía y el Reino Unido estudian o han anunciado medidas similares.
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