Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un límite a las pensiones del personal de confianza en el sector público, la cual fija un tope máximo equivalente a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, aproximadamente 70,000 pesos mensuales. La modificación al artículo 127 de la Constitución fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y cuenta también con la aprobación del Senado de la República.
En la votación registrada en San Lázaro, la reforma obtuvo 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Previamente, el Senado había avalado la iniciativa con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Con estas aprobaciones legislativas, la modificación constitucional avanza hacia su promulgación formal.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la reforma como una medida necesaria para corregir privilegios en el sistema de pensiones del sector público. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció que su bancada votaría a favor de la reforma a pesar de expresar inconformidad por omisiones en el texto y el riesgo de que la normativa tenga efectos retroactivos sobre pensiones ya otorgadas.
La controversia central gira en torno a la posible aplicación retroactiva de la reforma. Jubilados y pensionados han realizado protestas tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como frente al Congreso local en Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, ha manifestado la preocupación de los afectados por las implicaciones que tendría la medida sobre sus ingresos ya establecidos.
Según información de medios que cubrieron el proceso legislativo, durante la discusión del dictamen en comisiones se escuchó a representantes de jubilados de diversos entes públicos, quienes criticaron las acciones de retroactividad y señalaron que la gran mayoría de los beneficiarios fueron personal de confianza con años de experiencia en sus instituciones.
La reforma modifica el marco constitucional para establecer que ninguna persona servidora pública deberá tener una jubilación o pensión mayor al límite establecido, aunque existen debates jurídicos sobre el principio de no retroactividad y su aplicación en este caso específico. Legisladores oficialistas han argumentado que la disposición aplica a partir de la promulgación de la reforma, mientras que opositores mantienen reservas sobre sus efectos prácticos.
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso, la reforma constitucional queda en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. El proceso ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre el control del gasto público y la protección de derechos adquiridos por trabajadores del sector público.
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