Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año exacto de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los datos oficiales revelan una caída superior al 88% en la resolución de recursos de revisión. Mientras que en 2024 el extinto organismo resolvió 53,233 casos, su sucesor, Transparencia para el Pueblo, apenas atendió 5,921 recursos desde su inicio de operaciones en marzo de 2025, según cifras recopiladas en el contexto de la reforma a la Ley Federal de Transparencia.
La drástica reducción en la capacidad de respuesta del nuevo ente ha generado cuestionamientos sobre su desempeño. Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no existe manera de evaluar al nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos públicos sobre su funcionamiento. La comparación es contundente: solo entre enero y marzo de 2025, antes de la transición completa, el INAI logró resolver más de 8,000 recursos, cifra que supera el total anual acumulado por la nueva administración hasta la fecha.
En medio de este escenario de opacidad, el Órgano Interno de Control (OIC) emitió una determinación que obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a transparentar aspectos del contrato INE/050/2025, relacionado con la adquisición de más de 300 cámaras de videovigilancia para ocho edificios y 32 juntas locales. El INE había intentado reservar esta información por un periodo de cinco años, argumentando que su divulgación ponía en riesgo la seguridad nacional y la integridad de su personal ante la violencia que enfrenta el órgano electoral.
Sin embargo, el OIC revocó dicha reserva al determinar que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna. Esta decisión surge tras un recurso de revisión solicitado por el medio La Silla Rota, que buscó acceder a los detalles del acuerdo firmado con la empresa Verkada. El INE había justificado la opacidad indicando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y resultaba inadecuado para las condiciones actuales.
El caso del contrato electoral ilustra las contradicciones que surgen en el nuevo esquema de transparencia, donde los órganos internos de control asumen funciones que antes competían al INAI. Mientras el instituto electoral prioriza la protección de sus instalaciones bajo el argumento de riesgo, el organismo de control interno establece límites claros a la clasificación de información, ordenando la publicidad de los gastos en seguridad.
A pesar de que el INAI recibió un millón de solicitudes de información únicamente en 2024, no se han divulgado cifras sobre el volumen de solicitudes que ha recibido Transparencia para el Pueblo desde su creación en junio de 2025. La ausencia de estos indicadores, sumada a la baja en la resolución de recursos, mantiene la incertidumbre sobre la efectividad del sistema de transparencia en México tras la desaparición del organismo autónomo.
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