Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados integran la minuta del Senado sobre el Plan B electoral, con el objetivo de presentar el proyecto de dictamen este martes 31 de marzo por la tarde a todos los legisladores integrantes de ambas comisiones. Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, informó que las áreas técnicas se reunieron desde el lunes 30 de marzo para cumplir con los plazos del proceso legislativo.
El calendario propuesto establece que el próximo martes 7 de abril se realizarán la reunión de las juntas directivas y la tercera reunión extraordinaria de las comisiones unidas. Posteriormente, el miércoles 8 de abril se discutirá y votará el dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados. Aunque la minuta remitida por el Senado incluía una referencia al fortalecimiento de la revocación de mandato en su título, se decidió no modificarlo para evitar devolver el documento a la Cámara de origen, dado que lo referente al Artículo 35 constitucional no fue aprobado por falta de votos.
El senador de Morena, Luis Fernando Salazar, defendió los alcances de la reforma, señalando que uno de los objetivos centrales era modificar el artículo 35 para empatar la revocación de mandato con la elección federal de 2027, pero no se alcanzaron los votos necesarios. “Buscábamos adelantar y empatar la revocación de mandato… pensábamos que era una buena idea empatarlo con el proceso electoral”, explicó. Sin embargo, destacó avances en materia presupuestal: “Nosotros pensamos que es un logro porque se alcanzan cosas importantes, sobre todo en materia de austeridad”.
Salazar aseguró que los cambios del Plan B permitirán ahorros de alrededor de 4 mil millones de pesos mediante reducciones en organismos electorales y límites al gasto legislativo. El senador rechazó que la reforma vulnere la autonomía de los estados y comentó sobre el escenario en Coahuila: “En Coahuila se tienen que empatar los calendarios electorales”, donde actualmente se celebran comicios cada 1.7 años. De cara al proceso electoral de 2026, advirtió que “no se ve que vaya a haber una participación superior al 30%”.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una “restructuración profunda” que incluye ajustes internos, reducción de cargos burocráticos y disminuciones salariales en mandos medios y superiores. Aureliano Hernández Palacios, titular de la ASF, presentó una estrategia de reingeniería para eficientar los procesos de revisión. “Lo que queremos es hacerla mucho más moderna, al servicio de ustedes y de lo que está esperando la ciudadanía”, dijo. Hernández Palacios subrayó que la transformación no implica ampliar la estructura ni pedir más recursos: “No pedimos más recursos ni más burocracia, sino que nos acompañen a lograr más coordinación y eficientar nuestro trabajo para lograr mejores resultados”.
Por su parte, el Senado puso en marcha un programa de austeridad y racionalidad en 2026, previo a la entrada en vigor en 2027 de la reducción progresiva del 15 por ciento de su presupuesto establecida en la reforma electoral. El presupuesto senatorial para 2026 es de 5 mil 100 millones de pesos, de los cuales poco más de 3 mil millones se destinan a remuneraciones y cerca de 2 mil millones a apoyo a grupos parlamentarios y otros gastos que no se tocarán con el plan. La medida incluye cerrar la contratación de nuevas plazas, aunque el número total de empleados aumentó de 2 mil 772 a 2 mil 876 entre el año pasado y la fecha, principalmente personal administrativo por honorarios.
El plan de austeridad del Senado plantea reducir al mínimo indispensable los gastos de materiales, suministros, mobiliario y equipo de oficina. Asimismo, se restringe al máximo el servicio de fotocopiado para ahorrar papel y se recortan las ediciones de libros, publicaciones y revistas promovidas por grupos parlamentarios o legisladores. La reforma electoral señala que el ajuste presupuestal se realizará durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes sin afectar los derechos de los trabajadores.
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