Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que continuará con su defensa del sistema de justicia profesional ante intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos y aseveró que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección.
En un comunicado, la Jufed destacó que el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron. Los jueces y magistrados enfatizaron que su compromiso ético es con la división de poderes y no con intereses facciosos, rechazando lo que llamaron una “simulación de una elección”.
Por su parte, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero fue rechazada. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. Además, propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, permitiendo a los juzgadores declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria.
Sánchez Cordero también consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. En relación con los requisitos para ser ministro de la Corte, propuso en los artículos 95 y 97 que se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Sobre la renovación de cargos, manifestó: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”.
En el contexto de la reforma judicial aprobada en 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en noviembre de ese año que la enmienda se mantenía vigente y era legal. Tras dicha aprobación, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación tramitaron más de mil recursos contra la medida. Previo a esto, en los últimos dos sexenios, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos promovidos por grupos que buscaban frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales.
Entre los casos destacados, en 2019 el décimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México dio luz verde a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Asimismo, el juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán revocó en 2022 los amparos contra el Tren Maya, y un juez federal en Tabasco canceló en 2020 el amparo contra la refinería de Dos Bocas. En enero de 2025, la extinta segunda sala de la SCJN revocó seis recursos de ocho empresas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
En otro orden de ideas, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
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