Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el caso del presunto autor material, Mario Aburto Martínez, permanece pendiente de una definición legal definitiva. Mientras militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y familiares del político sonorense realizan homenajes en Baja California, la situación jurídica de Aburto se encuentra en un punto crítico tras haber cumplido más de tres décadas en reclusión bajo una sentencia que fue anulada por un tribunal federal.
La controversia legal surge de un amparo concedido en 2023, el cual determinó que para la aplicación de la pena debió considerarse el Código Penal de Baja California vigente al momento de los hechos, cuya sanción máxima era de 30 años, y no los 45 años impuestos originalmente. Bajo este nuevo criterio jurídico, la condena de Aburto habría concluido en 2024, lo que ha generado expectativas de libertad inmediata por parte de su defensa, encabezada por el abogado Jesús González Schmal.
Frente a este fallo, la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, interpuso un recurso de impugnación que llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hasta la fecha, no se ha emitido una resolución final por parte del máximo tribunal, manteniendo a Aburto recluido en el penal federal de Morelos mientras se define si se confirma la anulación de su sentencia o si se valida el proceso original.
En el ámbito político, el PRI mantiene su postura de exigir justicia y memoria. Dirigentes nacionales como Alejandro Moreno Cárdenas, así como figuras locales en Baja California incluyendo a Eva Baeza, Bernardo Saldaña Téllez y Miguel Valadez, participan en las ceremonias conmemorativas. La Fundación Colosio, presidida por Saldaña Téllez, continúa promoviendo el legado del excandidato presidencial, aunque sin emitir hasta el momento una declaración oficial específica sobre la posible liberación del sentenciado.
Por su parte, la familia de la víctima, representada por Laura Colosio, hermana del fallecido, observa el desarrollo del proceso judicial. La defensa de Aburto ha alegado irregularidades en el proceso original, incluyendo señalamientos de tortura, y ha advertido que, de no confirmarse la liberación tras el agotamiento de las instancias nacionales, buscarán acudir a organismos internacionales de derechos humanos.
El escenario actual presenta una dualidad: por un lado, la conmemoración histórica del magnicidio que marcó la vida política de México en la década de los noventa, y por otro, un vacío legal que deja en suspenso el estatus de quien ha pasado 32 años detrás de las barras. La sociedad tijuanense y nacional aguarda la decisión de la SCJN, la cual pondrá fin a uno de los capítulos judiciales más longevos y complejos de la historia reciente del país.
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