Ciudad De México, 03 de junio de 2026.- Estados Unidos investiga a dos destacados gobernadores mexicanos, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas, quienes han sido despojados de sus visados estadounidenses en medio de investigaciones penales por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos funcionarios son miembros del partido gobernante Morena y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con reportes, los gobernadores se encuentran en un programa de libertad condicional reservado para personas que cooperan con las autoridades estadounidenses, conocido como beneficio público significativo. Este mecanismo permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos reales o pendientes. Se indica que Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica bajo este esquema, mientras que Villarreal, investigado por presunto contrabando de combustible pirateado, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses al cruzar la frontera.
Ante estos reportes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este 3 de junio que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas “tienen que aclarar” la situación ante la opinión pública. En un reciente mitin político, Sheinbaum cuestionó las motivaciones detrás de estas acciones: “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado? ¿O estamos quizás presenciando cómo sectores de la extrema derecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?”.
La mandataria agregó: “¿Cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”, aunque también llamó a la calma: “Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo, y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas”.
Por su parte, Alfonso Durazo ha minimizado la información, asegurando que se trata de “una nota más, sin fuentes, como muchas otras que circulan sin sustento”. El gobernador se ha negado a mostrar su visa para desmentir la nota y rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado, afirmando: “En el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”. Durazo negó específicamente que las autoridades estadounidenses le hubieran revocado la visa.
El gobierno de Tamaulipas también desmintió las informaciones publicadas. Gerardo Algarín, directora de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, negó de manera categórica y contundente los señalamientos: “No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”. Ambos gobiernos estatales rechazaron de forma categórica los señalamientos vertidos en los medios.
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