Nuevo México, 25 de marzo de 2026.- Un jurado condenó a Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, al pago de 375 millones de dólares en daños tras determinar que no protegió adecuadamente a los menores de edad en sus plataformas frente a depredadores infantiles. El veredicto, emitido al concluir un juicio de seis semanas en el que participaron 40 testigos, marca un precedente legal al ser uno de los primeros casos relacionados con redes sociales y seguridad infantil que llega a una decisión final de un jurado.
La fiscalía del estado de Nuevo México acusó a la compañía de violar las leyes estatales de protección al consumidor y de engañar a los residentes sobre la seguridad de sus aplicaciones. Durante el proceso, se presentaron cientos de documentos, informes y correos electrónicos como pruebas. Linda Singer, abogada que representó a la fiscalía, argumentó que los algoritmos de Meta dirigían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes y acusó a la empresa de ocultar hallazgos internos sobre los riesgos que sus productos representan para los jóvenes.
El jurado concluyó que Meta violó deliberadamente la ley estatal de prácticas desleales e incurrió intencionalmente en una práctica comercial abusiva. Aunque la cifra de 375 millones de dólares fue determinada como reparación, la investigación indica que este monto es notoriamente inferior a la cantidad originalmente solicitada por el estado durante el proceso legal.
Tras conocerse el fallo, un portavoz de Meta declaró que la empresa respetuosamente no está de acuerdo con el veredicto y que presentará una apelación. En un comunicado, la compañía afirmó que trabaja arduamente para mantener seguras a las personas en sus plataformas y fue clara sobre la complejidad de identificar y eliminar a actores malintencionados, manteniendo su confianza en el historial de protección de adolescentes en internet.
Este caso destaca la contradicción entre la postura corporativa de Meta, que asegura estar enfocada en demostrar su compromiso con el apoyo a los jóvenes, y las acusaciones de la fiscalía sobre el ocultamiento de información crítica respecto a la seguridad de los menores. La sentencia impone una obligación financiera significativa a la tecnológica y abre la puerta a posibles acciones legales similares en otros estados.
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