Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- En medio de críticas por parte de especialistas y la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el llamado ‘Plan B’ de reforma electoral, el cual incluye cambios en la regulación de la revocación de mandato y recortes a privilegios de legisladores y organismos electorales. Mientras la mandataria calificó de machistas los señalamientos sobre su dependencia política, expertos como José Woldenberg alertaron que la propuesta podría derivar en propaganda a favor del Ejecutivo y romper con la lógica de consenso histórico.
La iniciativa, enviada al Senado tras el rechazo de la primera propuesta en la Cámara de Diputados, contempla que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no solo en el cuarto como establecía la norma anterior. Sheinbaum precisó en su conferencia matutina que esta figura no es obligatoria para todos los futuros mandatarios, sino que depende de la solicitud del pueblo o de un número determinado de firmas, reiterando su convicción de que “el pueblo manda”.
En respuesta a las críticas que sugieren que su administración sigue instrucciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa del Ejecutivo cuestionó la autonomía que se le atribuye. “Piensan que hay un hombre atrás de nosotras”, afirmó, agregando que tales posturas buscan desacreditar la capacidad de decisión de las mujeres en la vida pública y responden a una concepción discriminatoria de que las mujeres no tienen libre albedrío.
Por su parte, durante un análisis exclusivo para suscriptores de un medio nacional, José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, junto con otros especialistas en derecho electoral, advirtieron que el ‘Plan B’ mantiene elementos que podrían ser perjudiciales para la democracia mexicana. Los expertos coincidieron en que el rumbo actual de la reforma rompe con la tradición de consenso que caracterizó a cambios previos en 1994, 1996, 2007 y 2014, y señalaron que la nueva propuesta podría convertirse en un método para hacer publicidad electoral en favor de la presidenta.
El contenido de la reforma presentada por el Ejecutivo incluye la reducción del presupuesto del Senado en un 15 por ciento, así como topes a los recursos de los congresos locales, estableciendo que quienes excedan cierto porcentaje del presupuesto estatal deberán reducirlo. Asimismo, se plantea limitar el número de regidurías a un máximo de 15 por cabildo, dependiendo de la población del municipio, y establecer que ningún funcionario electoral o legislativo pueda ganar más que la Presidenta de la República, eliminando bonos y seguros de gastos médicos adicionales.
La propuesta también contempla medidas de transparencia y fiscalización más estrictas para los partidos políticos, incluyendo la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera revise el origen de sus recursos si el Instituto Nacional Electoral (INE) lo solicita. Sheinbaum enfatizó que el objetivo es “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”, aunque reconoció que la iniciativa anterior no fue aprobada por la oposición y algunos diputados del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
Paralelamente a la discusión legislativa, el INE enfrenta cuestionamientos por las medidas de seguridad aplicadas en 40 de sus inmuebles, las cuales han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico. Mientras las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado, presididas por Enrique Inzunza y Oscar Cantón Zetina respectivamente, analizan la iniciativa, el debate político se centra en el equilibrio entre la participación ciudadana, la autonomía de los órganos electorales y la continuidad del proyecto de transformación impulsado por el gobierno federal.
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