Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal. Según informó Andrea Becerril en La Jornada, “todo está listo para que en la sesión del próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada”.
La periodista detalló que la aprobación se debe a que “hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional”. Las legislaturas que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La medida fue aprobada por unanimidad en la mayoría de estos cuerpos legislativos, salvo en Baja California y Zacatecas, donde se logró por mayoría.
De acuerdo con el Semanario ZETA, la reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. Becerril indicó que “a partir de abril, las pensiones millonarias de ex funcionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafinsa) y otros organismos de banca múltiple se reducirán a 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta”.
La nueva disposición opera para los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal en sus tres niveles de gobierno, aplicándose tanto a pensiones futuras como a las otorgadas con anterioridad. Se estima que el ajuste a las pensiones actuales generará un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales de manera inmediata. Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que superan el millón de pesos mensuales, así como las de 600 ex funcionarios de esa empresa extinta superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y líderes sindicales de CFE y otras en Pemex que rebasen los 70 mil pesos al mes, incluyendo la pensión de 120 mil pesos que recibe desde hace 32 años José Angel Gurría de Nacional Financiera. La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para “revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable”. Sin embargo, existen advertencias sobre la legalidad de la medida. Óscar Hernández, citado por el Semanario ZETA, señaló: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”. Hernández también comentó: “Curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum”.
En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron al Congreso local sobre riesgos de una aprobación exprés. El sindicato identificó varias inconstitucionalidades en la iniciativa del gobernador Miguel Ángel Navarro, incluyendo la imposición de un “doble tope” que contradice los artículos 1º y 127 de la Constitución Federal, y ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. El SUTSEM afirmó que “cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”, y agregó que “lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”. La iniciativa también pretende reemplazar la AFORE estatal por una Sociedad de Capital Variable sin registro ante la CONSAR y eliminar artículos transitorios base de amparos judiciales.
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