Por Redacción
Ciudad De México, 28 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para informarles que se logró identificar a 10 personas que no habían sido vinculadas al caso y que hoy están detenidas.
De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, donde participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los nuevos elementos en las indagatorias se refieren al uso de telefonía celular que los perpetradores usaron durante y después de los crímenes. Asistentes al encuentro señalaron que estas personas “realizaron llamadas asociadas a la desaparición forzada”. La mandataria destacó que hasta ahora están detenidos 17 militares presuntamente implicados y afirmó que no se ha descartado ninguna línea de investigación.
El abogado de las familias, Isidoro Vicario, indicó que si bien se reconocen los avances en las indagatorias, esto aún es insuficiente para conocer el paradero de los muchachos. Durante la reunión, los padres y sus representantes legales insistieron en varias demandas, entre ellas que el Ejército entregue los ‘folios’ de la información que tiene, la cual consideran clave para dar con el paradero de sus hijos, y que no se ha dado a conocer.
Asimismo, las familias exigieron que se entreguen los elementos suficientes para fincar responsabilidad por los hechos a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, quien está detenido desde principios de este mes. Sobre la solicitud de regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar con las investigaciones, Vicario señaló que “hubo un compromiso de la Presidenta, que encargó a la secretaria de Gobernación comunicarse con los expertos para ver esta posibilidad”.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer atraer un recurso promovido por familiares de los 43 normalistas contra la suspensión definitiva concedida al sargento en retiro Santiago Muñoz Pilo, procesado por su presunta participación en los hechos y quien enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024. El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito había pedido a la Corte definir si los familiares de los estudiantes, como víctimas indirectas, debían ser reconocidos como terceros interesados y escuchados antes de resolver una suspensión en el amparo promovido por el militar.
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