Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- Empresas dedicadas a la recuperación de cuentas con más de tres meses de retraso han recibido alrededor de 400 millones de pesos (mdp) en Tijuana y Playas de Rosarito, según información del Semanario ZETA. A través de cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, se han recuperado cuentas de usuarios domésticos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
De las cinco empresas que se distribuyen los sectores de ambas ciudades para notificar y dar seguimiento al cobro del recurso hídrico, dos pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. Entre los propietarios identificados se encuentra Josel Hernández Barroso, de la empresa BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de Hernández Silerio.
Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, cifra que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye. Los cinco despachos reciben una comisión de 5 por ciento más que la que cobraba la misma Fisamex.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y anteriormente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. Según datos ofrecidos por el entonces director de la CESPT en diciembre de 2025, existen 750 mil usuarios activos, de los cuales 664 mil son domésticos.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda criticó e inició investigaciones administrativas y penales contra Fisamex por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial. La actual administración decidió utilizar un esquema similar ampliado a toda la población, aunque con mecanismos descritos como mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad ciudadana.
Guillermo Rivera, abogado que combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza, sin que la investigación detalle el contenido completo de sus declaraciones.
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