Luisa Alcalde responde a críticas de periodistas sobre lineamientos de derechos de las audiencias

Por Redacción

Ciudad de Mexico, 04 de agosto de 2026.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, respondió desde la mañanera de este 4 de agosto a las críticas vertidas por los periodistas Adela Micha, Manuel López San Martín y Luis Cárdenas en torno al derecho de las audiencias. Alcalde aseguró que se trata de “una narrativa muy alejada de la realidad” y enfatizó que el Estado no busca censurar ni “callar voces”.

Durante su intervención, la funcionaria federal señaló que en ningún momento se pretende sancionar los contenidos de los medios. “Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, que el Estado sea quien determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso”, afirmó Alcalde.

La consejera reiteró que corresponde a los propios medios de comunicación la obligación de emitir códigos de ética donde establezcan cómo garantizarán que la información sea verificada y no constituya noticias falsas. Subrayó que los lineamientos indican que es responsabilidad de cada medio verificar la veracidad de la información que comparten.

Previamente, el periodista Manuel López San Martín había asegurado que “el estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no”. Tras la respuesta de Alcalde, López San Martín mantuvo su postura y señaló que “el gobierno busca censurar…no les gusta que se les investigue, se les cuestione y se les exhiba”.

Por su parte, Luis Cárdenas expresó que “si digo algo y no gusta el fraseo, el gobierno te va a censurar”, afirmación que fue rechazada por la consejera jurídica. Asimismo, Adela Micha calificó como “ridícula” la regulación propuesta.

Micha cuestionó la viabilidad práctica de la norma: “¿Te imaginas poner cortinillas cada 10 segundos para distinguir una opinión de info? Así de ridícula es la nueva regulación”. Ante esto, Luisa Alcalde insistió en que inició una campaña con la falsa narrativa de que los lineamientos buscaban censurar o que el Estado tuviera la última palabra sobre la verdad para limitar opiniones.

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