Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- Existe un expediente estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve cómplices, por lo que Estados Unidos solicitó su detención y extradición, así como la de otros funcionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ante estos señalamientos, el gobierno mexicano ha pedido más pruebas a Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no ve elementos suficientes para una detención provisional urgente de Rocha Moya.
En medio de este contexto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió que no se olvide el caso de Rubén Rocha Moya y exigió que sea entregado a la justicia. Campos afirmó que México vive una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La mandataria declaró: “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”.
Sin embargo, Maru Campos está siendo investigada por la FGR debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua. En dicho operativo antinarcóticos murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA. Según los hechos extraídos, la participación operativa de los agentes estadounidenses en el operativo de Chihuahua no había sido informada al gobierno mexicano.
Sobre este punto, Maru Campos afirmó: “Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”. No obstante, el oficialismo señala a la gobernadora por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior. Además, se recuerda que Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte.
El oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso de Rocha Moya con fines políticos. Esta situación muestra posturas opuestas dentro del país: mientras la gobernadora de Chihuahua exige la entrega del exmandatario sinaloense a la justicia estadounidense, el gobierno federal pide más pruebas y la FGR no encuentra elementos para su detención inmediata.
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