Bogotá, 22 de junio de 2026.- Durante un panel sobre tendencias electorales en América Latina realizado en esta ciudad, el académico Daniel Zovatto y la magistrada Mónica Soto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostuvieron un intercambio de posturas respecto a la distribución de diputaciones plurinominales tras las elecciones federales de 2024 en México.
Zovatto, experto en procesos electorales, señaló que Morena obtuvo una mayoría legislativa superior a la reflejada en los resultados de las urnas. El especialista afirmó que el partido oficialista “terminó teniendo un nivel de mayorías significativamente más alto que el que electoralmente le dio, gracias a una interpretación de los resultados electorales”.
Ante estos señalamientos, la magistrada Mónica Soto defendió la actuación del tribunal y rechazó que existiera una interpretación distinta a la prevista en la Carta Magna. “El Tribunal Electoral aplicó íntegra y textualmente la Constitución. Es un argumento falaz”, sostuvo Soto, quien añadió que se utilizó la fórmula constitucional empleada en procesos previos.
Zovatto insistió en que la resolución generó un amplio debate público y jurídico, calificándola horas después, mediante un mensaje en su cuenta de X, como una de las decisiones electorales más controvertidas de los últimos años. Según el académico, la controversia derivó de la interpretación del límite de sobrerrepresentación establecido en el artículo 54 constitucional.
En su análisis posterior, Zovatto expuso que la sentencia cerró la vía jurisdiccional y permitió al bloque oficialista impulsar reformas constitucionales de gran calado. “La sentencia cerró la vía jurisdiccional, permitiendo al bloque oficialista de Morena impulsar reformas constitucionales de gran calado y altamente controversiales, aprovechándose de la súper mayoría que le concedió la mencionada sentencia”, detalló.
Por su parte, la magistrada reiteró que la decisión se sustentó en disposiciones constitucionales vigentes y en criterios aplicados anteriormente por las autoridades electorales mexicanas, manteniendo su postura sobre la legalidad del proceso de asignación de escaños.
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