Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber incurrido en delitos graves. Entre los afectados se encuentra Andrea Marroquín, de 44 años, hija de un importante narcotraficante colombiano.
Según la investigación, Andrea Johana Marroquín Rubiano obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando su matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense. Posteriormente, consiguió la ciudadanía por naturalización en 2009 tras ocultar sus delitos. El DOJ ha presentado cuatro demandas contra la inmigrante para revocar su estatus.
Entre 2003 y 2011, la colombiana supuestamente participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero. Se alega que utilizó fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre, descrito en una audiencia como un ‘conocido capo de la droga colombiano’ asesinado en 1998 o 1999, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida. La acusada heredó ganancias que ascendían a decenas de millones de dólares.
Además de Marroquín, el gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, México, Jamaica, India, China, Somalia y Filipinas. Las acusaciones contra este grupo incluyen delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico. Si los procedimientos prosperan, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía, incluida la protección frente a la deportación.
Esta ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Todd Blanche, fiscal general interino, declaró: “Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”.
Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”. El funcionario añadió que el objetivo es evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.
La justicia estadounidense no ha citado explícitamente el nombre del padre de Marroquín en las demandas actuales, pero sí ha aportado datos sobre sus antecedentes. Asimismo, se señaló que el tío de la acusada, con quien mantenía una estrecha relación, fue condenado años atrás por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
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