Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Mientras las estadísticas oficiales reportan una disminución sensible de homicidios dolosos respecto a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la ciudadanía expresa percepciones de inseguridad vinculadas a robos cotidianos y la falta de resultados de las policías municipales y estatales. De acuerdo con indagaciones de grupos de observadores, el 95 por ciento de los delitos no se denuncian, configurando una elevada “cifra negra”, mientras que poco menos del 90 por ciento de las investigaciones no terminan en sentencias que saquen a los delincuentes de circulación.
En este contexto, mensajes detectados en medios extranjeros indican que el Gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la participación del crimen organizado en procesos electorales municipales y estatales, especialmente de cara a los comicios de 2027. Algunas decisiones del Tesoro y actividades de seguridad nacional de la Casa Blanca han colocado aparatos de investigación sobre cárteles que se fortalecieron durante la estrategia de “abrazos, no balazos” del tiempo lopezobradorista. Grandes capos capturados o extraditados están siendo interrogados para obtener elementos sobre la configuración del poder político y criminal en zonas bajo intereses financieros del delito.
Se señala que Estados Unidos no busca desaparecer a los cárteles, sino tomar el control de la producción y administrar el contrabando para satisfacer necesidades de adictos y acceder a recursos multimillonarios, utilizando al narcotráfico como instrumento para influir en nuevos grupos morenistas vinculados al huachicol fiscal y al tráfico de drogas de Sinaloa. Por su parte, fuentes indican que la “Cuarta Transformación”, originada para contener antagonismos del neoliberalismo, derivó en una “prometida mutación” que incrementó la corrupción, convirtiendo a la actual gobernanza en responsable de la narcopolítica, la cual es catalogada más allá de las fronteras como narcoterrorismo.
La situación operativa en la capital es crítica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuenta con alrededor de 80,000 elementos, pero enfrenta alta carga de trabajo, personal en incapacidad o administrativo, y la necesidad de desplegar fuerzas masivas en eventos. Recientemente, en un partido entre México y Portugal, se movilizaron casi 11,000 efectivos, dejando colonias desatendidas. A 55 días del arranque del Mundial, se proyecta un despliegue extraordinario para cinco partidos, cuerpos arbitrales y mandatarios, además de los “Fan Festivals” en las 16 alcaldías, donde el principal en el Zócalo estima 60,000 asistentes diarios durante 39 días.
Expertos advierten que una corporación que ya opera al límite enfrentará una presión sin precedente, agravada por protestas sociales anunciadas para esos días. En la Ciudad de México, la venta de drogas al menudeo y delitos asociados al ambulantaje controlado por grupos delictivos representan uno de los expedientes más complicados, conocido en altos niveles pero no combatido debido a la ramificación de intereses criminales. No existe ningún programa concreto para reformular la estructura judicial que recibe denuncias de fuero común, manteniéndose los mismos ministerios públicos y policías de investigación.
Ante la impunidad observada por togas independientes, académicos y fiscales que pretenden combatir la narcopolítica, se señala que la justicia resulta impotente e ineficiente bajo la gobernanza de Claudia Sheinbaum Pardo, quien aparentemente no es lo bastante fuerte para ordenar el encarcelamiento de los responsables políticos de antaño. La corrupción y dominación de la narcopolítica se han incrementado hasta convertirse en un poder extraordinario ajeno a los ideales constitucionales, mientras el Gobierno federal se muestra reacio a reconocer el problema de los desaparecidos como asunto de seguridad pública y aparecen formas improvisadas para combatir la extorsión.
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