Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Clara Brugada Molina presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas, con el objetivo de combatir la gentrificación y el desplazamiento de los habitantes en la capital. La mandataria local señaló que “la Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda”.
De acuerdo con la propuesta, los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual reportada por el INEGI. Brugada Molina afirmó que esta medida busca “establecer un límite constitucional al crecimiento de los alquileres”, tras destacar que “el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025” y que “en algunas zonas el costo de los alquileres aumentó más del 30 por ciento en años recientes”.
La iniciativa plantea que dos millones de personas habitan en inmuebles rentados en la Ciudad de México. Para atender esta situación, se impone al Gobierno la obligación de articular una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible, con enfoque prioritario en poblaciones juveniles y grupos de atención prioritaria.
Juan Pablo de Botton Falcón indicó que “dos de cada tres jóvenes viven en viviendas rentadas y solo uno de cada diez cuenta con vivienda propia”. Además, la reforma reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario, y propone la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones inquilinarias.
Según información de Aristegui Noticias, las medidas “pretenden equilibrar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios”. La discusión formal en el Pleno se realizaría a partir del próximo periodo de sesiones en septiembre, tal como lo anunció Clara Brugada Molina al señalar que se realice a partir del próximo periodo de sesiones en el mes de septiembre.
Previamente, el Gobierno de la Ciudad de México atendió a colectivos que exigían vivienda digna tras protestas en el Zócalo Ciudadano, donde integrantes del Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento sin Techo y del Campamento Camarada Celestino protagonizaron un enfrentamiento con elementos de seguridad que resultó en saldo blanco. Como resultado, se propuso la realización de dos encuentros de trabajo en las instalaciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad (INVI) y en el Edificio de Gobierno.
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