Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- Diversos procesos judiciales concentran la atención pública, destacando la vinculación a proceso del ex oficial mayor de Los Cabos, Alan Sotelo Burgoin, así como las declaraciones de Patricio Cabezut, Doña Carlota y el exfutbolista Omar Bravo.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso de Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El caso involucra la contratación de una empresa financiera para gestionar un crédito bancario de 300 millones de pesos para el gobierno municipal, donde se autorizó un pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a pesar de que la gestión nunca se llevó a cabo.
El juez de Control determinó medidas cautelares para el exfuncionario, incluyendo firma periódica quincenal y prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos o comunicarse con testigos. Previamente, el exalcalde Óscar Leggs Castro y el extesorero Martín Talamantes fueron los primeros dos exfuncionarios vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso y distorsionó la información, declarando: “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente”.
Ante la amenaza de demanda, Carlos Jiménez respondió asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso. El conductor calificó de deleznable al periodista y señaló que utiliza conceptos que atentan contra su presunción de inocencia.
Respecto al caso de Doña Carlota Alfaro, quien enfrentó a dos hombres que invadieron su casa en Chalco, Estado de México, relató el miedo por su vida y la de sus hijos. Denunció que la corrupción de los Ministerios Públicos la orilló a actuar por justicia propia tras hacer caso omiso a sus denuncias por despojo.
Finalmente, la defensa de Omar Bravo solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada. El exfutbolista, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años, seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco y podría permanecer en prisión hasta por dos años.
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