Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026.
El reporte del Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California Berkeley describe este escenario como “un fenómeno novedoso”. La probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente, registrándose un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales. Específicamente, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales han aumentado un 770% en este periodo.
Este repunte en los arrestos se tradujo en un incremento de cinco veces en el número de deportaciones. La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó, pasando del 27% al 57%, mientras que la liberación en un plazo de 60 días se convirtió en un suceso excepcional, ocurriendo solo en el 7% de los casos. Asimismo, las salidas voluntarias y los retornos se multiplicaron por 28.
Para sostener esta campaña, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado estos acuerdos, recibiendo más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7,500 dólares por cada agente que entre en el programa y comience a arrestar migrantes. Florida y Texas son los estados con más adhesiones, con 270 y 161 departamentos respectivamente.
Según estimados de FWD.us, el DHS ha entrenado a entre 13,800 y 15,800 policías para realizar labores de migración. Bajo el actual gobierno, más del 70 por ciento de las personas retenidas en centros de detención no han sido condenadas por ningún crimen; quienes sí tienen convicciones son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico. Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, señaló que el programa “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la medida “ayudaría a arrestar y deportar a ‘lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas'”.
La administración también cuadruplicó con creces (4.5 veces) el número de camas de detención destinadas a personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. La leve disminución en los operativos migratorios durante febrero y principios de marzo de 2026, tras los asesinatos de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Mineápolis, apenas alteró los patrones de la agresiva campaña de deportaciones.
La tensión derivada de estos operativos ha generado incidentes violentos y tragedias humanas. Un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos. Sin embargo, Patrick Kolasinski, abogado del inmigrante, negó que su cliente fuera miembro de la pandilla Calle 18, como afirmó Lyons, y declaró: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”.
Por otro lado, Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero sin acudir a un hospital por miedo a ser detenido y deportado, dejando cuatro huérfanos y una deuda funeraria de 34,000 dólares. Su viuda, Guadalupe, relató: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. Desde que Trump regresó al poder, han surgido informes de agentes enmascarados entrando en hospitales para realizar arrestos, una práctica que había sido prohibida años atrás en estos espacios considerados lugares sensibles.
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