Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras identificar patrones sistemáticos de desaparición forzada y una “imperante impunidad” en el país. La decisión se basa en cifras que registran más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, cifra que Juan Pablo Albán, presidente del Comité, describió como “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, únicamente entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, con solo 36 sentencias a nivel nacional. El Comité ha mencionado una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones. En su visita de 2021, el organismo recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos que actuaron ante la inacción de las autoridades.
En el caso específico de Coahuila, uno de los cuatro estados donde se tomaron casos paradigmáticos junto con Nayarit, Veracruz y Jalisco, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas entre 2006 y 2016. Se identificaron patrones de colusión donde fuerzas policiales secuestraron víctimas entre 2009 y 2012 para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que entre 2012 y 2016 autoridades estatales llevaron a cabo directamente las desapariciones mediante fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. También se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos, incluyendo vehículos e instalaciones oficiales, para la comisión de estos delitos.
A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento considerable respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, así como en el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. Como parte de su trabajo previo, el Comité había emitido 84 recomendaciones al gobierno mexicano.
Frente a estas señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han declarado que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Mientras tanto, el gobierno federal dio a conocer el 3 de abril de 2026 una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos.
México, como Estado Parte, planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y argumentó que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación. Sin embargo, el CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas.
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