Ciudad de Mexico, 09 de abril de 2026.- El Pleno del Senado realizó la declaratoria constitucional de la reforma para recortar las jubilaciones doradas y pensiones VIP de funcionarios, tras ser aprobada por 20 congresos locales. La Mesa Directiva del Senado comunicó el oficio en materia de límite a las jubilaciones y pensiones, el cual fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
El Congreso de la Unión declaró constitucional la modificación al artículo 127 de la Constitución, la cual establece que las pensiones y jubilaciones de personal de confianza en organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales no podrán superar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal. La normativa señala que ningún instrumento jurídico podrá establecer condiciones que rebasen ese límite.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, indicó que la reforma está “destinada a eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza en distintas entidades públicas de nuestro país como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafinsa, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro”. La legisladora agregó que “la declaratoria que hoy se realiza toca fibras profundas del constitucionalismo mexicano, pero también del sentido común republicano”.
Según los datos presentados, algunas pensiones de altos exfuncionarios superaban el millón de pesos mensuales, mientras que las pensiones que en promedio reciben los trabajadores en México son de alrededor de siete mil pesos al mes. Castillo Juárez enfatizó que con esta reforma “nadie podrá recibir más de la mitad de lo que recibe la jefa o el jefe del Ejecutivo federal”, evitando así “asegurar beneficios desproporcionados”.
La reforma incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales y la pensión no contributiva prevista en la Constitución. Sin embargo, se determinó que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo tope, incluso si se encuentran vigentes, salvo en los casos exceptuados.
Los entes públicos deberán revisar y adecuar sus contratos y disposiciones laborales en un plazo máximo de 90 días. El proceso, que inició en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación. Se especificó que no habrá ampliaciones presupuestales para la implementación de la medida.
Los 20 congresos estatales que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
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