Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos en el país pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, argumentando que esta definición es “otra cosa” establecida por la ONU que no se adapta a la situación nacional.
El Comité de la ONU emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El informe describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado, además de señalar la impunidad de grupos criminales y la complicidad de gobiernos de Morena con cárteles. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, aclaró que “el análisis del CED no se limita a un periodo cerrado”, sino que examina la evolución de la situación hasta la actualidad, incorporando datos recientes como las 28,880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025.
En contraste, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros, específicamente 43,128 casos, correspondería a personas desaparecidas. La presidenta acusó al informe de estar “orientado” a criticar al Estado mexicano y aseguró que se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018. Por su parte, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y añadió que el análisis se basa en datos de 2009 a 2017, ignorando las acciones de la Cuarta Transformación.
Uno de los puntos nodales del documento internacional es la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021. Se estima que existen más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos. El Comité subraya que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132,400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno.
Ante el rechazo gubernamental, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”, declaró Ballesteros, quien acusó a Piedra de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra. El diputado Elías Lixa, por su parte, acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
La Cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años, y Sheinbaum reiteró su rechazo a que el caso de México sea llevado ante la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, defendió la decisión de la ONU calificándola de “muy importante e histórica” y sostuvo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados también exhortó al Gobierno a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión.
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