Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo como una decisión parcial, sesgada y tendenciosa. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó al secretario general, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Comité de Desapariciones Forzadas no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado, incluyendo observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. El gobierno mexicano criticó que no se haya tomado en cuenta la información entregada el 27 de marzo, antes de la publicación del documento cuya decisión fue hecha pública el 2 de abril de 2026.
Las autoridades federales argumentaron que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, según su postura, no corresponde a la realidad actual del país. El gobierno reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se limita a cuatro entidades. Además, citaron que el propio informe reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Por su parte, el CED indicó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y distintas partes del territorio nacional. Aunque el Comité tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, afirmó haber recibido información fundamentada que apunta a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El reporte del CED incluyó casos documentados en Jalisco, donde autoridades están relacionadas con casos registrados en un centro operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, y mencionó situaciones donde “hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo”.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819 registros, de los cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De estas, 21 corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos en Chiapas. La organización civil Idheas señaló que este escenario revela fallas estructurales, afirmando que “el procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
El CED aclaró que el procedimiento es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual. Mientras el gobierno insiste en que se han implementado cambios legales e institucionales en la actual administración para fortalecer la búsqueda, la discrepancia sobre la naturaleza sistemática de las desapariciones marca el conflicto entre ambas partes.
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