Washington D.C., 02 de abril de 2026.- Un año después de la implementación de aranceles generalizados por Donald Trump, el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos.
El 2 de abril de 2025, el presidente Trump anunció tarifas del 10% y de hasta el 50% para países con los que EE.UU. tuviera mayor déficit comercial. Para justificar el giro comercial, afirmó: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”.
Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, pero no ha logrado reducir el déficit comercial. Además, los aranceles no han servido para disparar la apertura de fábricas ni atraer más inversión extranjera.
La economía estadounidense tiene un crecimiento más débil, registrando 2,1% el año pasado, frente al 2,8% de 2024. Pese a ello, hubo apoyo desde la rosaleda de la Casa Blanca por parte de trabajadores como Brian Pannebecke, quien dijo: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente”.
En otro frente, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de las firmas estadounidenses.
Según el reporte, las empresas privadas en México a menudo no pueden participar de manera efectiva en el sector energético debido a demoras, rechazos inexplicables o inacción en solicitudes de permisos. La USTR detalló: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes.”.
Estos cambios normativos imponen nuevas restricciones a los permisos de combustible, reducen la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años. Mientras que en 2014 se abrió el sector a la inversión privada, en 2018 la política energética dio un giro de 180 grados. Estas restricciones no se aplican a Pemex.
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