Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para discutir el próximo 9 de abril de 2026 un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García que busca validar la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. La propuesta deriva de un amparo en revisión promovido por la empresa Total Play, tras la negativa de un juzgado federal a protegerla contra una orden de bloqueo.
El proyecto del ministro Guerrero García consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 emitida por el juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la cual negó el amparo a Total Play. En dicha resolución, el juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, citando las jurisprudencias 25/2007 y 26/2007 donde la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de Internet y solicitaron su bloqueo. El instituto admitió el trámite en agosto de 2024, decretó la medida provisional en septiembre y, tras el incumplimiento, ordenó en octubre a proveedores de Internet, entre ellos Total Play, bloquear los sitios. En noviembre de 2024, la empresa promovió un amparo argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y constituye una medida desproporcionada.
Si se aprueba el proyecto, la SCJN confirmaría la negativa del amparo y validaría la constitucionalidad de la norma impugnada, regresando el asunto al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes. Ese mismo día, 9 de abril, también está programado otro proyecto que propone un revés al empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por otra parte, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó el 25 de marzo de 2026 una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo. La petición fue dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y entregada por representantes como Daniel García Rodríguez, quien fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia.
“Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, declaró Daniel García Rodríguez. También participaron en la entrega otros involucrados en casos similares mediáticos como Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta. El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), donde el Estado mexicano fue condenado por el uso de esta figura y el arraigo.
En temas administrativos del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, señaló que “la disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”. Esta nueva unidad forma parte de seis regiones creadas para descentralizar la evaluación; la sede capitalina tendrá competencia sobre juzgados y tribunales de la urbe, así como de Querétaro y Tlaxcala, sumándose a las ya inauguradas en Colima y Oaxaca.
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