Ciudad De México, 30 de marzo de 2026.- Autoridades federales aceptaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice los estudios genéticos de una bolsa con restos óseos hallada en la funeraria El Ángel, ubicada en la carretera federal México-Acapulco. La diligencia en el crematorio se llevó a cabo el sábado 21 de marzo de 2026, donde se encontró un recipiente con la leyenda ‘2014’, mismo año de la desaparición de los normalistas. En el sitio también había otros restos con fechas de 2023, 2024 y 2025.
Isidorio Vicario, abogado de las familias, confirmó la postura oficial: “Lo que dijeron las autoridades es que sí se van a coordinar con el equipo argentino para realizar los trabajos correspondientes”. Sin embargo, los familiares mantienen la cautela. Mario González, padre del normalista César Manuel, señaló: “No les vamos a creer (a las autoridades) hasta que esté avalado por el EAAF; cualquier cosa y todo fragmento que sea recogido de ese predio tiene que ser analizado”.
Mientras avanza el proceso forense, los padres y madres de los estudiantes están divididos en dos grupos respecto a la estrategia a seguir. Un grupo mayoritario, integrado por más de veinte personas, quiere mantener las marchas en la Ciudad de México cada mes. Por otro lado, un grupo minoritario de quince integrantes prefiere seguir la ruta legal y evitar el traslado mensual a la capital.
Felipe de la Cruz, vocero del grupo minoritario, explicó su postura: “Los abogados los obligan a que vayan a las marchas, que estén en las actividades. Nosotros decidimos tener otra dinámica, evitando el esfuerzo de los padres para que se trasladen a la Ciudad de México cada mes, con todas las enfermedades que cargan”. Este sector optó por proponer líneas de investigación para que, a través de la Fiscalía General, sean llamados a declarar otros involucrados que, según afirman, no han sido molestados.
La división ha generado reclamos sobre la transparencia en las acciones ministeriales. El grupo minoritario denunció que no fue notificado de la diligencia realizada en la funeraria. “El gobierno nos discrimina al no notificarnos por ser menos que los demás compañeros. Exigimos trato igual, porque somos víctimas del mismo hecho”, declaró Felipe de la Cruz, quien además pidió a la presidenta de la República que “tome cartas en esta cuestión”.
En otros frentes, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, insistió en que el Ejército dé cumplimiento a una sentencia de un juez federal que ordena entregar 853 folios militares sobre el caso. Las familias siguen a la espera de que el gobierno federal confirme una nueva reunión con la Presidenta.
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