marzo 29, 2026

Fotografía cedida por la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) del ciudadano venezolano Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, quien fue deportado el año pasado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador y demandó a Estados Unidos por 1,3 millones de dólares alegando daños y perjuicios, lo que lo convierte en el primer venezolano deportado a un tercer país en reclamar una indemnización. EFE/LULAC

Venezolano demanda a EU por 1.3 mdd tras deportación a prisión salvadoreña; juez ordena a ICE permitir abogados en centro de Florida

Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- Un ciudadano venezolano presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares tras ser deportado el año pasado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, lo que lo convierte en el primer venezolano deportado a un tercer país en reclamar una indemnización.

Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, alega que el gobierno del presidente Donald Trump le negó sistemáticamente su derecho al debido proceso, lo identificaron erróneamente como miembro de una pandilla y lo enviaron illegalmente a una prisión extranjera, informó The Miami Herald.

“Pero sí quiero limpiar mi nombre; quiero demostrar quién soy y explicar lo que me sucedió. Cuando la gente te señala con el dedo, resulta muy difícil”, declaró el venezolano al rotativo.

En otro desarrollo judicial, una jueza federal ordenó este viernes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permita que los migrantes detenidos en el polémico centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ en Florida accedan a abogados, mientras senadores exigen una investigación por “abusos” en el sitio.

La jueza federal Sheri Polster Chappell exigió a ICE y a la División de Gestión de Emergencias de Florida que permita asesoría legal a los detenidos en el centro, al oeste de Miami, y que publique información sobre cómo los abogados pueden contactar a los migrantes.

La orden responde a una demanda de organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y Sanctuary of the South, que han denunciado violaciones al debido proceso en ‘Alligator Alcatraz’, que se ha convertido en emblema de la política migratoria del presidente Trump tras casi un año de operación.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la ampliación del muro fronterizo impulsada por el gobierno de Estados Unidos mediante el programa One Big Beautiful Bill.

“Es una decisión de Estados Unidos. Nosotros creemos que hay otros mecanismos para disminuir la migración y esos son la cooperación para el desarrollo. La gente migra por necesidad y la mejor forma de apoyar para que no haya migración es el desarrollo y el bienestar de las personas”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Por otra parte, nuevas reglas de la Administración de Donald Trump sumarán al menos 150 mil trabajadores agrícolas extranjeros con visas temporales H-2A en Estados Unidos, pero también redujeron sus salarios entre 26 y 32 por ciento, reveló el Economic Policy Institute.

Según el director de investigación sobre leyes y política de inmigración del instituto, Daniel Costa, este abaratamiento de la mano de obra podría significar una caída de hasta el 9 por ciento en los salarios de los empleados estadounidenses del campo.

En la práctica, los jornaleros extranjeros han perdido entre tres y siete dólares por hora en salarios por las nuevas normas.

Paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE en California, con lo que los casos de connacionales muertos en instalaciones de esa agencia estadounidense ascienden a 14 desde el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump.

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