Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó este viernes el informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el cual reporta un total de 394 mil 645 registros históricos entre 1952 y 2026. De esta cifra, 132 mil 534 personas mantienen estatus de desaparecidas al corte del 26 de marzo de 2026.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezó la conferencia de prensa junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina. Durante el evento se detalló que 262 mil 111 personas han sido localizadas, lo que representa 66 por ciento del total de registros.
De las personas localizadas, 240 mil 211 fueron encontradas con vida, equivalente a 92 por ciento de los casos resueltos. Mientras tanto, 21 mil 900 fueron localizadas sin vida, correspondiente a 8 por ciento. Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se logró la localización de 31 mil 946 personas.
El desglose de los casos posteriores a 2006 con estatus activo suma 130 mil 178 registros. Esta cifra se divide en tres grupos: 46 mil 742 casos carecen de datos suficientes para búsqueda, 40 mil 308 cuentan con datos y actividad posterior, y 43 mil 128 tienen datos pero sin actividad reciente. De los casos con actividad posterior, 5 mil 269 ya fueron ubicados.
En cuanto a los casos con datos pero sin actividad reciente, únicamente 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación formalmente abierta. Los casos de desaparición previos a 2006 suman 2 mil 356 registros. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, emitió declaración respecto al informe gubernamental.
El informe se presenta en el marco de la implementación de reformas legales de 2025 en materia de desaparición de personas. Organismos internacionales han señalado que la impunidad en estos casos supera 99 por ciento. Colectivos de búsqueda y la oposición política han exigido mayor transparencia en la metodología utilizada para clasificar los casos y verificar las actividades posteriores reportadas en las cifras oficiales.
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