Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, una resolución que habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo delictivo mexicano. La decisión fue anunciada este 26 de marzo de 2026 desde la capital argentina, en un movimiento coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Mediante esta disposición, el CJNG queda incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia. Esta clasificación permite a las autoridades argentinas bloquear activos, investigar flujos de dinero y aplicar medidas preventivas contra cualquier operación vinculada a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.
La fundamentación de la medida se basa en la presencia operativa del cártel en al menos 40 países, así como en la acreditación de actividades ilícitas de carácter transnacional. Aunque el comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente de la República y el Gobierno Nacional no detalla específicamente los vínculos con otras agrupaciones ni enumera las actividades concretas verificadas en suelo argentino, la resolución marca un precedente en la política de seguridad regional frente al crimen organizado internacional.
Esta acción gubernamental ocurre en un contexto de golpes recientes contra la estructura del CJNG, incluyendo la detención y muerte de su líder máximo, Nemesio Oseguera Cervantes, reportada el pasado 22 de febrero de 2026. La declaración de Argentina se suma a los esfuerzos internacionales para desmantelar las redes logísticas y financieras que permiten la expansión global del grupo narcotraficante.
Con esta designación, Argentina se alinea con estrategias de persecución financiera similares a las implementadas por otros organismos internacionales, buscando cortar el flujo de recursos que alimenta la violencia y el tráfico de drogas. La inclusión en el listado RePET implica que cualquier persona o entidad que mantenga relaciones comerciales o financieras con el CJNG podría enfrentar consecuencias legales inmediatas bajo la legislación antiterrorista vigente en el país sudamericano.
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