Los Ángeles, 27 de marzo de 2026.- Un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró culpables a Meta y a YouTube (propiedad de Google) de diseñar plataformas con características adictivas que causaron daños psicológicos a la demandante Kaley G.M. El veredicto, emitido tras semanas de deliberaciones, obliga a las empresas a pagar una indemnización inicial de tres millones de dólares, distribuida en un 70% para Meta y un 30% para YouTube, marcando un precedente legal sobre la responsabilidad corporativa en la salud mental de los usuarios.
La decisión del jurado determinó que ambas compañías actuaron con negligencia al priorizar la retención de usuarios mediante herramientas de diseño como el desplazamiento infinito y notificaciones constantes, ignorando el impacto adverso en el bienestar de los menores. La demanda se centró específicamente en la arquitectura de las aplicaciones y no en el contenido publicado, lo que dificultó que las defensas de las tecnológicas eludieran su responsabilidad bajo las leyes actuales de protección al consumidor.
Tras conocerse el fallo, los representantes legales de la demandante calificaron la resolución como un momento histórico de rendición de cuentas para la industria tecnológica. Por su parte, Meta emitió un comunicado indicando que respeta el proceso pero discrepa con el veredicto, argumentando que la salud mental es un tema complejo que no puede atribuirse a una sola aplicación, y confirmó que evaluará sus opciones legales para apelar. Google, por su lado, sostuvo que YouTube es una plataforma de streaming construida responsablemente y no una red social, rechazando también la sentencia.
Este juicio se suma a otra resolución reciente en Nuevo México, donde un jurado condenó a Meta a pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre riesgos de explotación infantil en sus plataformas. Ambos casos forman parte de una ola de litigios que busca redefinir los límites legales de las redes sociales, con cientos de reclamaciones pendientes presentadas por familias, fiscales generales y distritos escolares en diversos estados de Estados Unidos.
Aunque la indemnización compensatoria ya fue fijada en tres millones de dólares, el proceso judicial aún no concluye totalmente, pues queda pendiente la determinación de daños punitivos adicionales. Esta segunda fase analizará si existió malicia, fraude o conducta abusiva por parte de las empresas, lo que podría elevar significativamente el monto final que deberán pagar los gigantes tecnológicos.
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