Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas hacia México para abastecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS). Los hechos ocurrieron en cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025, según detalla la carpeta de investigación federal.
Laurence Gray es identificado como el propietario de la armería ‘Grips by Larry’, ubicada en una zona fronteriza a menos de 15 minutos de Naco, Sonora. La acusación señala que ambos detenidos facilitaron la venta de armamento que terminó en manos de estas organizaciones criminales, las cuales fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el Departamento de Estado en febrero de 2025.
Este proceso legal se destaca como una de las primeras acusaciones criminales por apoyo material al terrorismo dirigidas contra un comerciante de armas por vincularse con estos grupos. La estrategia judicial aprovecha la nueva clasificación de los cárteles para elevar la gravedad de los cargos, lo que podría derivar en penas significativas para los implicados si son encontrados culpables.
Existen discrepancias en los reportes preliminares sobre el alcance exacto de los implicados; mientras algunas fuentes periodísticas mencionan únicamente a Gray, la acusación federal incluye explícitamente a Weinberger como coacusado. Asimismo, se observa una variación menor en la grafía del nombre del principal sospechoso entre distintos medios, aunque la documentación legal refiere a Laurence Gray.
Las autoridades estadounidenses no han divulgado aún la identidad de los intermediarios o ‘compradores de paja’ que habrían adquirido las armas en nombre de los cárteles, ni han especificado el destino final exacto de las piezas dentro del territorio mexicano. La investigación continúa abierta para determinar la red completa de distribución.
El caso marca un precedente en la aplicación de leyes antiterroristas para combatir el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. Con la designación de los cárteles como grupos terroristas, el gobierno estadounidense busca endurecer las consecuencias legales para cualquier individuo o entidad que brinde soporte logístico o material a estas organizaciones.
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