Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y endurecer las sanciones para este delito, con penas de prisión de 40 a 70 años. La medida, presentada en la capital del país, tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y persecución del crimen en todas las fiscalías de la República.
De acuerdo con los planteamientos de la administración federal, la nueva legislación obliga al Ministerio Público a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio, eliminando la carga de probar la motivación de género desde las primeras etapas del proceso. Esta disposición busca evitar la impunidad derivada de la clasificación incorrecta de los delitos en sus fases iniciales.
La iniciativa también contempla sanciones específicas para la tentativa de feminicidio, cerrando vacíos legales que permitían castigos menores cuando la víctima lograba sobrevivir al ataque. Además, se incluye la creación de un registro nacional de orfandad destinado a dar seguimiento y protección a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por esta causa.
En la presentación de la estrategia estuvieron presentes figuras clave del sistema de justicia y seguridad, incluyendo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a Ernestina Godoy, fiscal general de la República. Asimismo, participó Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, quien acompaña el diseño de las políticas preventivas asociadas a la ley.
Con esta propuesta, el Ejecutivo federal busca estandarizar la respuesta institucional ante la violencia de género en todo el territorio mexicano, asegurando que las investigaciones sigan protocolos uniformes independientemente de la entidad federativa donde ocurran los hechos. La iniciativa marca un cambio sustancial en el marco jurídico actual al elevar las penas máximas y definir obligaciones procesales estrictas para las autoridades encargadas de la impartición de justicia.
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