El Paso, 26 de marzo de 2026.- Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos debido a su situación migratoria irregular. De acuerdo con registros de la agencia consultados por medios de comunicación, la mujer fue localizada en Texas e ingresada al Centro de Procesamiento de El Paso.
La ficha de detención indica que el motivo de la custodia es la falta de documentos que acrediten su legal estancia en territorio estadounidense. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial confirmando los detalles operativos, pero los reportes señalan que su estatus irregular derivó en la acción federal.
Gómez Fong se encuentra bajo la lupa de la justicia mexicana desde hace años. En 2020, un juez federal en México giró una orden de aprehensión en su contra a petición de la Fiscalía General de la República, señalándola como presunta participante en delitos de corrupción vinculados a la administración de su esposo. En aquella ocasión, la ahora detenida promovió recursos legales para evitar su captura y posible extradición.
El exmandatario priista, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, fue extraditado de Estados Unidos a México en julio de 2020 y actualmente purga una pena en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La Fiscalía lo acusa de un desfalco millonario, específicamente por un esquema de malversación de 73 millones de pesos, aunque las investigaciones estatales han documentado un boquete financiero mucho mayor durante su gestión.
Durante el sexenio de Duarte, Bertha Olga Gómez Fong fungió como directora honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal. Investigaciones periodísticas previas han señalado que la pareja constituyó diversas empresas en Chihuahua y Miami, entidades que forman parte de las indagatorias sobre el manejo de fondos públicos y lavado de dinero.
Con la detención migratoria actual, se abre la posibilidad de que las autoridades estadounidenses inicien procesos para su deportación a México, donde tendría que enfrentar los cargos judiciales pendientes. Este desarrollo ocurre en un contexto de endurecimiento en las políticas de control fronterizo y cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia.
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