Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, con 466 votos a favor, estableciendo una cuota mínima de pantalla del 10% para producciones nacionales y creando un crédito fiscal de hasta el 30% del ISR con un tope de 40 millones de pesos por proyecto. La iniciativa, impulsada por la fracción de Morena, busca modernizar la regulación del sector que no había sido actualizada desde 1992.
Alma Lidia de la Vega, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, lideró el proceso legislativo que distingue ahora entre producciones cinematográficas y audiovisuales. El diputado Pedro Haces, también de Morena, participó en la promoción de la reforma que incluye la obligación para las plataformas digitales de promover catálogos nacionales en sus servicios.
Entre los puntos centrales de la normativa destaca el aumento del tiempo mínimo de proyección en salas de cine, que pasa de 7 a 14 días para garantizar la exhibición de obras mexicanas. Asimismo, se establece como requisito que al menos el 70% de la proveeduría utilizada en las producciones sea de origen nacional, con el objetivo de fortalecer la cadena productiva local.
La aprobación de esta ley representa un cambio significativo en la política cultural del país, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al integrar incentivos económicos directos para los productores. El crédito fiscal aprobado permitirá a las empresas deducir impuestos en proporción a su inversión en proyectos audiovisuales, fomentando la llegada de capitales privados a la industria.
Se estima que la industria audiovisual genera un impacto transversal en sectores como transporte, turismo y logística, por lo que la nueva legislación busca aprovechar este potencial económico. La medida fue recibida en el pleno legislativo como un paso necesario para equiparar a México con los estándares de producción y distribución de otros países de la región.
Con esta aprobación, el Congreso da paso a la actualización del marco jurídico que regirá la producción, distribución y exhibición de contenidos en territorio nacional, esperando con esto revitalizar el consumo de cine mexicano y fortalecer la soberanía cultural frente a la predominancia de contenidos extranjeros en las pantallas.
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