Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso como responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La declaración se da en un contexto de divergencia con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha solicitado el beneficio legal y argumenta que la mandataria cuenta con la facultad para hacerlo, pero carece de la voluntad política necesaria.
La controversia surge a 32 años del homicidio del candidato presidencial del PRI. Mientras la jefa del Ejecutivo mantiene la postura de que se trata de un asunto de Estado que no puede cerrarse mediante un indulto, el senador Colosio Riojas insiste en que la teoría del segundo tirador no es nueva y que dicha persona ya había sido identificada hace tres décadas, lo que contrasta con la narrativa de una investigación activa y con pruebas recientes presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Paralelamente, la FGR mantiene abierta una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por su presunta participación como un segundo tirador en el magnicidio. Sin embargo, el proceso judicial enfrenta retrasos; la apelación de dicho caso lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025, sin que se haya registrado una respuesta formal del Poder Judicial o de la fiscalía ante las acusaciones del senador sobre la politización del expediente.
Las discrepancias entre ambas visiones marcan el estado actual del caso: por un lado, la visión presidencial que prioriza la continuidad de la investigación como un tema de seguridad nacional y, por otro, la postura familiar que busca cerrar el capítulo penal de Aburto Martínez basándose en la antigüedad del delito y las supuestas inconsistencias en la persecución de otros implicados.
En medio de este debate jurídico y político, la presidenta Sheinbaum mencionó aspectos relacionados con la supuesta candidatura de Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora, aunque no se han detallado las implicaciones directas de este comentario en el proceso de indulto. La falta de consenso entre el Ejecutivo y el familiar de la víctima mantiene el caso del asesinato de Colosio Murrieta como un tema abierto y sensible en la agenda pública mexicana.
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