Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró esta semana múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco hasta la localización con vida de siete electricistas en San Luis Potosí, en un contexto marcado por denuncias de ataques contra defensores de derechos humanos y respuestas oficiales que minimizan la gravedad de los reportes en estados como Quintana Roo.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, coordinado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias. Este hallazgo se suma a la búsqueda de 297 personas desaparecidas registradas en Yucatán hasta finales de 2025 y a la incertidumbre sobre el paradero de Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre en esa entidad.
Por otro lado, en Matehuala, San Luis Potosí, siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal para ser reclutados forzadamente fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días. Un electricista que pidió anonimato confirmó a medios que el operativo de rescate involucró el despliegue de 600 agentes. Sin embargo, la violencia persiste en otras zonas; Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora, aunque se desconoce aún la confirmación oficial mediante pruebas de ADN.
La situación de los defensores de derechos humanos se ha agravado con actos de hostigamiento. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo, calificando la situación como un “riesgo inminente” debido a la inacción de las autoridades. Paralelamente, en Torreón, Coahuila, Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que las pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones han fracasado, pues el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo correspondiente.
En medio de estos reportes, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, contradiciendo la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre desapariciones en la región, donde se atendieron 20 solicitudes de Alerta Amber. Esta discrepancia subraya la brecha entre la narrativa oficial y las denuncias de las familias y colectivos.
La complejidad del panorama incluye casos sin esclarecer, como la muerte de Natalie A. G. y su hija Ariana en Azcapotzalco, cuya causa no presenta huellas de violencia aparente, y la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, cuya investigación por la Fiscalía General de la República sigue pendiente de atracción. Mientras los colectivos mantienen la búsqueda independiente ante la omisión institucional, la impunidad y la falta de resguardo en los sitios de hallazgo continúan siendo obstáculos centrales para la justicia.
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