Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, consolidando un avance legislativo en materia de derechos habitacionales. En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene una agenda activa que incluye donaciones millonarias a instituciones científicas y educativas, aunque enfrenta contradicciones respecto a la asignación de su presupuesto, al haber cancelado becas en 2025 mientras destinaba fondos a actividades sindicales.
La aprobación de la iniciativa en el Congreso de la Unión marca un paso significativo en la regulación del sector, donde más del 55% de la población ocupada en México labora en la informalidad. La reforma busca fortalecer el acceso a una vivienda adecuada, alineándose con proyectos estatales como el de Viviendas del Bienestar en San Pedro, que contempla la construcción de 2,490 casas. Aunque la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz, está involucrada en el proceso, los detalles específicos de las modificaciones rechazadas durante la votación en lo particular no fueron divulgados en los datos disponibles.
En el ámbito judicial, la SCJN ha destinado recursos considerables al fomento de la ciencia y la justicia. En 2024, el tribunal donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, sumando un total de 32.5 millones de pesos en los últimos años. Estas acciones forman parte de los esfuerzos para validar la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, impulsada por el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.
Sin embargo, la gestión financiera de la Corte presenta inconsistencias señaladas en la investigación. Mientras que en 2025 se cancelaron los donativos para becas de la UNAM y la asociación citada por falta de presupuesto, en ese mismo año se autorizó un gasto de 1.5 millones de pesos destinado al Sindicato del Poder Judicial para la realización de eventos. Entre 2021 y 2024, la Corte había destinado 10.2 millones de pesos para fines similares del sindicato, lo que genera un contraste entre el apoyo a la educación y los gastos operativos internos.
La perspectiva de género también ocupa un lugar central en la agenda actual. Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), participa en los esfuerzos para fortalecer la justicia con este enfoque. A pesar de los convenios firmados, Hugo Aguilar Ortiz ha reconocido que aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en el país. Datos de Quintana Roo ilustran este panorama: de 117 cargos judiciales, 62 son ocupados por mujeres, lo que refleja avances parciales en la paridad.
La dinámica legislativa y judicial se extiende a otros niveles de gobierno y actores sociales. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, junto con la CTM de Tereso Medina y representantes de la Iglesia católica, interactúan en este ecosistema de reformas. En el ámbito local, la diputada Diana Sánchez Barrios y autoridades de la Alcaldía La Magdalena Contreras, como Fernando Mercado Guaida, también forman parte de los involucrados en estas transformaciones sociales y legales que definen el primer trimestre de 2026.
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