Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Hugo Eric Flores, sesionará después del receso de Semana Santa para dictaminar sobre la solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público por un monto de 83 millones de pesos.
El legislador morenista informó que la sección instructora tiene la obligación de sesionar antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, por lo que se ha programado la reunión para la semana siguiente al descanso vacacional. Según Flores, esta decisión busca no entorpecer la discusión y aprobación de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual tiene prioridad en la agenda legislativa actual.
La acusación formal proviene de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, entidad que imputa a Moreno Cárdenas responsabilidades penales derivadas de su gestión como gobernador del estado entre 2015 y 2019. El proceso jurídico busca retirar la inmunidad parlamentaria al priista para que pueda enfrentar un juicio penal por el presunto desvío de recursos públicos.
Este procedimiento se suma a un contexto de irregularidades administrativas detectadas previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que, en enero de 2022, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones realizadas a las cuentas públicas de 2018 durante su administración.
De acuerdo con análisis de datos periodísticos, la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue considerada benévola en los últimos años hacia el priista, ya que se perdonaron o solventaron más de 2 mil 700 millones de pesos de las cuentas pendientes. No obstante, las cifras originales de la auditoría de 2018 ascendían a posibles desvíos de 3 mil 435 millones de pesos, evidenciando una discrepancia significativa entre los hallazgos iniciales y la resolución final de la autoridad administrativa.
El caso concentra la atención política en la intersección entre el proceso penal por los 83 millones denunciados por la fiscalía local y el historial de observaciones federales que rondan los miles de millones de pesos. Mientras la Comisión Instructora prepara su dictamen, la defensa de Alejandro Moreno Cárdenas no ha emitido una posición oficial pública respecto a estas acusaciones en los registros disponibles.
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