Washington, 24 de marzo de 2026.- La administración de Donald Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos para auxiliar a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), ante la parálisis presupuestaria que mantiene al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con cierre parcial desde hace cinco semanas.
La decisión fue anunciada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, como una medida necesaria para aliviar la carga operativa de la TSA, que ha registrado una tasa nacional de ausencias del 11.76 por ciento al 22 de marzo, junto con más de 400 renuncias de personal desde el 14 de febrero, cuando los empleados comenzaron a trabajar sin sueldo completo.
Los reportes del primer día de operaciones indican tiempos de espera significativos en varias terminales: casi tres horas en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, dos horas en el George Bush de Houston y más de una hora en el JFK de Nueva York. El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, expresó preocupación por la situación que afecta a los viajeros en su ciudad.
La crisis se origina por el rechazo del Senado, por quinta vez desde febrero, al financiamiento del DHS. Esto ha dejado a miles de empleados de la TSA operando con personal reducido, mientras los agentes del ICE desplegados no están capacitados para funciones críticas de seguridad como revisiones de equipaje, operación de rayos X o cacheos, limitándose a tareas auxiliares de manejo de filas y vigilancia.
Entre los críticos de la medida se encuentran la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, el líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, y la senadora republicana Lisa Murkowski, quienes califican la solución como inaceptable y ajena a la misión del ICE, además de señalar que no resuelve el problema de fondo de las largas filas y la falta de personal especializado.
La tensión entre el anuncio del despliegue como solución y los reportes que indican su ineficacia refleja la complejidad de la situación, mientras persiste la incertidumbre sobre el plazo estimado para la resolución de la parálisis presupuestaria que originó la crisis en los aeropuertos del país.
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