Guadalajara, 24 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México formalizó la destitución de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de la República de Filipinas en Guadalajara, tras ser identificado por autoridades estadounidenses como vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La resolución de cese, que tuvo efecto definitivo el 2 de marzo de 2026, fue publicada oficialmente el 23 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante la cancelación de la Autorización Definitiva Número Uno.
La medida es consecuencia directa de las sanciones impuestas el 19 de febrero de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El organismo estadounidense incluyó en su lista negra a un complejo turístico, cinco personas y 17 empresas, entre las que se encuentra Ornitorrinco Inmobiliaria, sociedad de la cual Camarena de Obeso es socio y que fue asociada operativamente con el grupo criminal.
Martín Camarena de Obeso había sido nombrado originalmente para el cargo el 27 de febrero de 2002, durante la administración del presidente Vicente Fox, y su posición fue ratificada en 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su función como cónsul honorario no era remunerada y su circunscripción diplomática abarcaba diversos estados del noroeste y occidente de México, incluyendo Jalisco.
La publicación en el DOF confirma la revocación total de los privilegios consulares del exfuncionario, alineando la postura del gobierno mexicano con las designaciones de seguridad nacional emitidas por Washington. La investigación de la OFAC determinó que la estructura empresarial de Ornitorrinco Inmobiliaria fue utilizada para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero atribuidos al CJNG.
Esta destitución marca un precedente en la coordinación bilateral de seguridad, donde las sanciones económicas extranjeras derivan en acciones administrativas inmediatas por parte de la cancillería mexicana. El caso subraya la vigilancia sobre funcionarios honorarios que puedan operar como fachadas para organizaciones criminales transnacionales.
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