Organizaciones denuncian patrón de represión estatal y desapariciones en América Latina

Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta desapariciones forzadas y confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua, así como la desaparición de deportados en El Salvador. Las denuncias incluyen testimonios de víctimas directas y reportes sobre el endurecimiento de políticas migratorias inspiradas en modelos autoritarios.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por la expulsión de miles de personas. Datos indican que 5,000 individuos no fueron admitidos o fueron expulsados en los últimos dos meses, mientras que en 2024 se registraron 620 deportaciones, un incremento del 40% respecto al año anterior. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado medidas en este sentido, mientras organizaciones como Human Rights Watch, representada por Juanita Goebertus, alertan sobre el desmantelamiento de las políticas de memoria relacionadas con las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura histórica del país.

Simultáneamente, en Venezuela y Nicaragua, se reportan confiscaciones de bienes y desapariciones forzadas dirigidas contra opositores políticos. Figuras como William Dávila, Enrique Márquez, Lilian Tintori y Leopoldo López figuran entre los involucrados en estas acciones gubernamentales lideradas por Nicolás Maduro en Venezuela y por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Thelma Brenes, familiar de una víctima, y el activista Amaru Ruiz han participado en la difusión de estas denuncias, aunque no se especifican los cargos concretos ni el estado de salud actual de algunos de los liberados.

La situación en El Salvador marca un punto crítico con la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos. Entre ellos se identifica a César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien el gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan de ser líder de la pandilla MS-13. Sin embargo, familiares y Human Rights Watch niegan que el resto de los deportados desaparecidos tengan vínculos con organizaciones criminales, señalando la falta de evidencia pública que respalde tales acusaciones para el grupo completo.

Las cifras migratorias reflejan la magnitud del fenómeno: más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales se estima que solo el 10% posee antecedentes penales. Además, más de 250 venezolanos han sido deportados desde territorio estadounidense en el mismo periodo. En medio de este contexto, también surgen protestas socioambientales en Mendoza, Argentina, lideradas por mujeres como Macarena Limousin, en oposición a proyectos mineros, aunque el estatus legal del proyecto San Jorge no ha sido detallado oficialmente.

Las contradicciones entre los discursos gubernamentales que etiquetan a los migrantes como delincuentes y las testimonios de las familias que exigen justicia centran el debate sobre la violación sistemática de derechos humanos en la región. La falta de respuestas oficiales de los gobiernos de El Salvador y Argentina ante las acusaciones de desaparición forzada mantiene la tensión política y social en estos países.

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