Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Senado de la República discute la reforma constitucional electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un proceso legislativo donde los seis votos del Partido del Trabajo (PT) resultan determinantes para alcanzar la mayoría calificada de 85 votos necesaria para su aprobación. La coalición formada por Morena, PVEM y PT suma actualmente 87 votos en la cámara alta, lo que sitúa al PT en una posición estratégica frente a las dudas expresadas por su bancada sobre el contenido de la iniciativa.
El debate legislativo se centra en modificaciones que incluyen la revocación de mandato, la reducción de puestos en ayuntamientos, el recorte de sueldos de funcionarios electorales y cambios en la integración del Congreso, contemplando en la propuesta 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Mientras la mandataria promueve su reforma, el senador Manlio Fabio Beltrones ha presentado una alternativa legislativa, marcando posiciones divergentes dentro del proceso de dictaminación que se encuentra en curso.
Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, representa a una fracción parlamentaria cuyas posturas específicas y propuestas de cambio podrían impedir o facilitar la aprobación del llamado ‘Plan B’. La existencia de contradicciones en los reportes sobre si el Congreso ya rechazó la propuesta o si el proceso continúa, refleja la complejidad del escenario político actual donde se requiere una sesión extraordinaria para avanzar en la dictaminación.
Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, presidentes de comisión, figuran como involucrados directos en el manejo de la iniciativa, mientras que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es parte de los actores clave en este contexto de reforma electoral. La falta de detalles completos sobre la propuesta alternativa de Beltrones y la postura final del PT mantienen la incertidumbre sobre el resultado inmediato de la votación.
La aprobación de esta reforma constitucional requiere dos terceras partes del Senado, convirtiendo cada voto de la minoría en un factor crítico. Las negociaciones continúan entre los involucrados para definir el contenido final de la ley electoral que regirá los próximos procesos democráticos en el país.
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