Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- Un tribunal federal en esta ciudad condenó a 22 años y cuatro meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por su responsabilidad en el homicidio del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en un fallo que coincide con reportes sobre una investigación preliminar de la justicia estadounidense hacia el presidente Gustavo Petro por presuntos contactos con el narcotráfico.
La sentencia contra Pérez Marroquín pone fin a un proceso judicial vinculado al asesinato del legislador, en el que también estuvieron involucrados Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y Katherine Andrea Martínez Martínez. La Fiscalía colombiana ha seguido de cerca este caso, que representa uno de los crímenes políticos más relevantes de los últimos años en la región.
De manera paralela, medios internacionales como The New York Times han informado que fiscales en Estados Unidos llevan a cabo una indagatoria en fase temprana respecto a Gustavo Petro. Según los reportes, las autoridades analizan posibles financiamientos irregulares durante su campaña presidencial y supuestos nexos con estructuras del narcotráfico.
Las mismas fuentes señalan que, hasta el momento, no existen cargos formales en contra del mandatario colombiano y que la investigación no tiene a Petro como su objetivo central. La información disponible indica que las autoridades buscan determinar la veracidad de los vínculos investigados, aunque no se han presentado pruebas concretas de manera pública ni se ha especificado la oficina fiscal exacta a cargo del caso.
Este escenario jurídico genera un contraste entre la conclusión de un proceso penal por un homicidio agravado y la apertura de una averiguación preliminar de alto perfil político. Mientras la condena a ‘El Viejo’ cierra un capítulo de violencia contra la oposición en Colombia, la mención del nombre del presidente Petro en cortes de Nueva York introduce un nuevo elemento de tensión diplomática y judicial.
Las contradicciones en los reportes periodísticos previos, que oscilan entre la existencia de una investigación activa y la falta de pruebas concluyentes, reflejan la complejidad del caso. Por ahora, la justicia estadounidense continúa sus procedimientos sin que se haya definido un alcance mayor para el jefe de Estado colombiano.
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