Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La cifra de 47 muertes violentas de menores registradas en el primer trimestre de 2026, reportada por el medio debate.com.mx con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fue el foco de una movilización de 2,000 personas en la capital del país bajo la campaña ‘Con nuestros niños no’. La protesta, realizada el 20 de marzo, buscó visibilizar casos específicos de violencia en Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato, incluyendo la desaparición de Ricardo Mizael y el hallazgo de restos de Eitan Daniel.
Entre los casos que simbolizan el clamor social destaca la situación de Ricardo Mizael, un adolescente de 15 años originario de Sinaloa, cuya desaparición ha motivado la participación de colectivos de búsqueda. Simultáneamente, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el caso del niño Eitan Daniel derivó en la detención de cinco personas, entre ellas su madre, vinculadas a los hechos que culminaron con la muerte del menor.
La investigación reporta además hallazgos de restos humanos en Villagrán y Mexicanos, Guanajuato, aunque se mantienen pendientes la fecha exacta de los descubrimientos y el número específico de cuerpos localizados en un pozo de riego. Medios como Latinus y Milenio han cubierto estos eventos, que son asociados por la sociedad civil con la acción de grupos del crimen organizado, si bien las autoridades judiciales no han confirmado oficialmente dicha vinculación en los reportes disponibles.
Las 2,000 personas que se movilizaron en Ciudad de México integraron familias, activistas y miembros de organizaciones que demandan estrategias más efectivas para la protección de la infancia. La campaña ‘Con nuestros niños no’ agrupa estas exigencias frente a un panorama donde los datos del SESNSP, citados por la prensa, indican un incremento en la victimización de menores durante los primeros meses del año.
La ausencia de información oficial detallada sobre las horas de los eventos y la confirmación judicial de la autoría de los crímenes en Guanajuato refleja la opacidad que denuncian los colectivos. La movilización sirvió como plataforma para presionar por respuestas concretas del gobierno federal y las procuradurías locales ante la impunidad percibida en estos delitos.
El contexto de violencia reportado abarca entidades con alta actividad delictiva, donde la desaparición y el homicidio de menores se han convertido en indicadores críticos de seguridad. La sociedad civil mantiene la expectativa de que las investigaciones sobre los casos de Mizael y Daniel, así como los hallazgos en el Bajío, arrojen resultados que permitan sancionar a los responsables y prevenir nuevas víctimas.
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