Gobierno de EE.UU. demanda a Harvard por presunta discriminación antisemita

Por Redacción

Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de permitir un ambiente de discriminación y acoso contra estudiantes judíos e israelíes. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, fue presentada el pasado viernes en un tribunal de Boston y busca la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.

La querella se centra en incidentes ocurridos durante las protestas propalestinas y antiisraelíes que tuvieron lugar en el campus, destacando un campamento de manifestantes que permaneció instalado por 20 días. Según la acusación del gobierno, la universidad no tomó medidas suficientes para proteger a los alumnos de grupos minoritarios frente a alegatos de hostigamiento y agresión física derivados de dichas movilizaciones, las cuales se intensificaron tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Este conflicto marca la tercera demanda que la administración Trump ha interpuesto contra Harvard. La disputa legal tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el gobierno intentó retirar fondos federales a la institución, medida que fue bloqueada en su momento por un juez. La nueva acción judicial representa una escalada en la presión federal sobre las universidades estadounidenses respecto a la gestión de la seguridad y la inclusión en sus campus.

La Universidad de Harvard ha emitido declaraciones institucionales en respuesta a la situación, aunque el contenido específico de su defensa legal ante el tribunal no ha sido detallado públicamente en los reportes disponibles. La institución enfrenta ahora el proceso de responder formalmente a las acusaciones de violación de normas federales que condicionan la recepción de ayuda económica gubernamental.

El caso pone de manifiesto la tensión entre la autonomía universitaria y las regulaciones federales en materia de derechos civiles. La administración argumenta que la tolerancia ante actos de discriminación antisemita constituye una violación de los acuerdos de financiamiento, mientras que el entorno académico se debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección estudiantil en medio de polarización política internacional.

Se espera que el proceso judicial defina si la universidad debe restituir los fondos reclamados e implementar correctivos bajo supervisión federal. La resolución del caso podría establecer un precedente significativo para otras instituciones de educación superior en Estados Unidos que reciben subsidios gubernamentales y enfrentan situaciones similares de conflicto social en sus recintos.

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