Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Un operativo de fuerzas estatales dejó un número indeterminado de personas privadas de la libertad durante una protesta en la comunidad de Dinamita, con cifras que varían entre 28 detenidos confirmados por la Fiscalía General de Durango y alrededor de 40 reportados por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.
De acuerdo con Raúl Vera López, quien se ha pronunciado sobre el caso, sólo ocho de las personas detenidas tienen ubicación conocida, mientras que el resto permanecen sin paradero confirmado. Familiares de los detenidos se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio exigiendo su liberación.
La Fiscalía de Durango confirmó la detención de 28 personas y las acusa de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos. Por su parte, la Liga Sindical de la Confección en Nazareno habló de 27 detenciones arbitrarias, lo que evidencia discrepancias en los reportes oficiales y de las organizaciones involucradas.
El conflicto tiene origen en el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 contra un megaproyecto industrial y en apoyo a los trabajadores despedidos.
Entre los involucrados en el caso figuran Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango; Esteban Villegas Villarreal, Gobernador del estado; Betzabé Martínez Arango, Presidenta Municipal de Gómez Palacio; así como elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena que participaron en el operativo.
Según el Frente Unido y Raúl Vera, la protesta fue descrita como pacífica, contradiciendo la versión de la Fiscalía que imputa delitos a los detenidos. No se ha divulgado información sobre una orden judicial que respalde las detenciones, y familiares denuncian que no existió dicho documento.
El caso permanece sin resolución clara respecto al paradero y estado de salud de la mayoría de las personas detenidas, mientras las autoridades estatales no han emitido una postura oficial detallada ante las acusaciones de represión.
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